Transparencia para Tod@s
Apuntes del taller homónimo impartido por Adrián Samuel Bonilla Núñez.
Coordinación General de Transparencia del Gobierno Municipal de Puebla-Ibero Puebla.
Luis Rubio [ @lrubiof / http://luisrubio.mx ] Observador, analista y columnista, procura entender los problemas de nuestro tiempo y ofrecer a sus lectores una perspectiva razonada de sus puntos de vista. En 2001 comenzaba la aventura de cambio como bandera política post erradicación de las tepocatas y víboras prietas de Los Pinos. Ese mismo año se publicaba la primera ley de transparencia y acceso a al información pública del país, en Jalisco, que será gobernado por el PRI nuevamente, desde que Carlos Rivera Aceves dejó el cargo, en 1995. Luis Rubio publicaba el 4 de febrero de 2001 un texto intitulado: “Información”, publicado en el periódico Reforma: “La información es la esencia de la democracia”. Información es poder, dicen, power to the people —they say. El reto era grande entonces. El reto es grande ahora. Pasaría al menos un sexenio del cambio para que los congresos estatales aprobaras las leyes que daban vida al DAIP en las entidades federativas de México. La Agenda del Buen Gobierno comenzaba a echar a andar andamiajes para la transparencia, el acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la generación de una cultura de rendición de cuentas. Rubio planteaba una política de apertura informativa con implicaciones democráticas y funcionales sobre la burocracia heredada de gobiernos corporativistas que posterior a la elefantiasis del estado, se postraban junto con la reforma administrativa en una modernización y gerenciación pública. Rubio termina su texto señalando que “A la larga, la apertura a la información constituiría quizá el paso más revolucionario de la administración”. Debiera decir: las administraciones. Finaliza: “Su decisión (de Vicente Fox) tendrá que girar entre el riesgo de abrir (así como el de no abrir) y la oportunidad que semejante transformación entrañaría para el desarrollo del país.”
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Apuntes del taller homónimo impartido por Adrián Samuel Bonilla Núñez.
Coordinación General de Transparencia del Gobierno Municipal de Puebla-Ibero Puebla.
Luis Rubio [ @lrubiof / http://luisrubio.mx ] Observador, analista y columnista, procura entender los problemas de nuestro tiempo y ofrecer a sus lectores una perspectiva razonada de sus puntos de vista. En 2001 comenzaba la aventura de cambio como bandera política post erradicación de las tepocatas y víboras prietas de Los Pinos. Ese mismo año se publicaba la primera ley de transparencia y acceso a al información pública del país, en Jalisco, que será gobernado por el PRI nuevamente, desde que Carlos Rivera Aceves dejó el cargo, en 1995. Luis Rubio publicaba el 4 de febrero de 2001 un texto intitulado: “Información”, publicado en el periódico Reforma: “La información es la esencia de la democracia”. Información es poder, dicen, power to the people —they say. El reto era grande entonces. El reto es grande ahora. Pasaría al menos un sexenio del cambio para que los congresos estatales aprobaras las leyes que daban vida al DAIP en las entidades federativas de México. La Agenda del Buen Gobierno comenzaba a echar a andar andamiajes para la transparencia, el acceso a la información pública, el combate a la corrupción, la generación de una cultura de rendición de cuentas. Rubio planteaba una política de apertura informativa con implicaciones democráticas y funcionales sobre la burocracia heredada de gobiernos corporativistas que posterior a la elefantiasis del estado, se postraban junto con la reforma administrativa en una modernización y gerenciación pública. Rubio termina su texto señalando que “A la larga, la apertura a la información constituiría quizá el paso más revolucionario de la administración”. Debiera decir: las administraciones. Finaliza: “Su decisión (de Vicente Fox) tendrá que girar entre el riesgo de abrir (así como el de no abrir) y la oportunidad que semejante transformación entrañaría para el desarrollo del país.”
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Información
Por Luis Rubio.
4 de febrero de 2001. Reforma.
La información es la esencia de la democracia. Con información, el ciudadano tiene la
herramienta que le permite optar, decidir y actuar. La información le permite consagrarse
como ciudadano y ejercer ese privilegio en todos los ámbitos de su vida: el del debate
privado o público que va dando forma y matiz a la opinión de una sociedad; el del voto, que
constituye la manifestación más directa del ejercicio de un derecho político; y el del
consumo, que entraña decisiones que incorporan desde la percepción que tiene cada
individuo sobre el futuro, hasta la comparación entre distintos bienes o servicios. Sin
información, la vida en sociedad es simplemente imposible.
Quizá no haya tema más complejo en la relación entre gobernantes y gobernados que el de
la información. El tema conlleva toda clase de aristas: desde lo que el gobierno hace hasta lo
que requiere el ciudadano para actuar; la diseminación de la información a través de los
medios y la frecuente propensión de los políticos a tratar de mediatizar, modificar y controlar
la información para que sirva a sus propósitos; la autonomía indispensable que requiere el
funcionario público para poder trabajar y la rendición de cuentas en que se fundamenta toda
sociedad democrática. La información es el meollo de la relación entre una sociedad
democrática y su gobierno. Sin información no hay democracia.
Pero la palabra "información" no dice nada por sí misma. Es a la vez todo y nada. Quizá la
pregunta más importante no se refiera a "qué" tipo de información se requiere, sino "para
qué" debe ser la información. Visto desde esta perspectiva la respuesta puede ser más
simple de precisarse. En todos los países hay información que la ciudadanía requiere e
información que debe ser restringida. La diferencia en nuestro país jamás ha sido acotada:
en general, históricamente, toda la información ha sido restringida con excepción de la que
se ha hecho pública sin mediar un criterio claro y explícito que marque la diferencia. En los
países democráticos lo común es que ocurra lo contrario: toda la información es pública,
excepto la que, por su naturaleza, compromete la seguridad del Estado o del país. Aunque la
diferencia de enfoque podría parecer pequeña, sus implicaciones son dramáticas.
Para comenzar, una apertura informativa implicaría un cambio fundamental en la relación
gobernantes-gobernados, además de definiciones precisas que hasta la fecha ningún
gobierno ha tenido o querido realizar. Cuando toda la información está disponible, el
gobierno tiene que sujetarse al mandato de la ciudadanía; cuando la información está
restringida, es el ciudadano el que acaba sometido al gobierno y su burocracia. En este
sentido, no cabe la menor duda de que la información y la democracia van de la mano.
Pero ¿qué tipo de información es la que debe ser pública? La respuesta es muy simple: toda
la información que no sea estrictamente secreta bajo una definición explícita y
preestablecida debe ser pública. El punto medular es que el ciudadano tenga acceso a la
información que considere necesaria para ejercer su ciudadanía a cabalidad. Esto implica no
sólo (y, en muchas ocasiones, no fundamentalmente) números, sino criterios, regulaciones,
formas de acceso y reglas del juego. Lo que el ciudadano necesita es a) poder interactuar
con el gobierno en su calidad de ciudadano, es decir, poder exigirle cuentas a los
gobernantes; y b) saber cómo puede actuar en la sociedad, en la economía y en el propio
gobierno para poder desarrollar actividades empresariales, para consumir y para
desarrollarse como persona y como ente económico y social.
En la actualidad, el gobierno mexicano, además de ser una fuente extraordinaria de datos,
estadísticas e información en general, tiene una presencia imponente en los ámbitos más
diversos de la vida cotidiana. Es muy poco lo que un ciudadano común y corriente puede
hacer sin, tarde o temprano, acabar teniendo que enfrentarse a una burocracia
malhumorada, que además se siente mal pagada, y saturada de argumentos (cuando no
instrumentos) para impedirle al ciudadano hacer algo. Más allá del anecdotario que todos y
cada uno de los mexicanos hemos acumulado a lo largo de los años sobre el maltrato que
en forma cotidiana nos propinan los burócratas, el problema comienza por el hecho de que
el ciudadano no cuenta con la información pertinente de nada.
El ciudadano que se presenta ante una ventanilla para realizar un trámite tiene mucha
menos información que el burócrata sobre el procedimiento a seguir, circunstancia que con
la mayor de las frecuencias conduce a que el ciudadano acabe dando una y otra vuelta
antes de poder concluir un trámite. Quizá el extremo lo constituyan los juicios agrarios, cuya
duración se mide en décadas. En definitiva no se necesita ser un genio para reconocer que
la asimetría en la información disponible es uno de los principales factores que conducen a
la corrupción. De haber equidad en la información y una definición precisa, no sujeta a
interpretación, de los requisitos específicos que conlleva cada trámite, la corrupción
disminuiría y la población podría dedicar su tiempo a actividades más productivas y
benéficas que las que en la actualidad realiza.
De esta forma, en lugar de discutir cuánta información debe ser pública, el esfuerzo
gubernamental tiene primero que abocarse a definir las reglas que permitan distinguir la
naturaleza de la información -en el sentido más amplio- con que cuenta el gobierno. Es
decir, el gobierno debe definir una política de apertura absoluta a la información y dedicarse
a instrumentarla. Esto que parece, en concepto, muy sencillo, entraña una verdadera
revolución, quizá una revolución mucho más profunda que la del 2 de julio pasado.
Una política de apertura informativa trae consigo dos grandes implicaciones. La primera, la
que podría ser llamada "democrática", constituiría un cambio de 180 grados en la manera en
que se gobierna al país. A partir del momento en que se decidiera adoptar este camino, el
gobierno -y todos sus empleados y funcionarios- dejaría de gozar de una fuente de control
sobre la ciudadanía. Al ser la información de datos, estadísticas, gasto, ingresos, criterios,
regulaciones, requisitos, etcétera, pública, el funcionario tendría que ser cuidadoso de cada
una de sus decisiones y actos: a partir de ese momento su gestión no sólo sería evaluada
por su jefe o por la contraloría interna, sino también por la ciudadanía. Quizá esto parezca
poca cosa, pero habría que recordar que muchos honorables funcionarios públicos, de cuyo
comportamiento muchas veces deshonesto dependía el funcionamiento de la maquinaria
priista del pasado, decidieron no correr el riesgo de verse sometidos al escarnio público,
factor que sin duda contribuyó a la limpieza de la última elección federal.
La segunda implicación de una apertura informativa tiene que ver con el impacto que ésta
tendría sobre el funcionamiento interno del gobierno. Un gobierno acostumbrado a guardar
la información como si se tratase del tesoro de Moctezuma no puede cambiar de manera de
ser de la noche a la mañana. Peor, no podría hacerlo aun si quisiera sin que antes se
definieran criterios de acción y decisión precisos para todas y cada una de las actividades
que realiza el gobierno. Cualquiera que conozca cómo funciona en realidad el gobierno -de
hecho, los tres niveles de gobierno- sabe bien que no existen definiciones de nada sobre
cómo se hacen las cosas. La flexibilidad priista, es decir, la posibilidad de cambiar cualquier
criterio en cualquier momento, es la esencia del comportamiento burocrático. En este
sentido, la apertura informativa también implicaría el desmantelamiento del modus operandi
del viejo sistema político. No es difícil imaginar el tamaño de revolución que implicaría una
verdadera apertura de la información.
El compromiso del entonces candidato Vicente Fox de lograr la transparencia en la gestión
gubernamental y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos debería
empezar con la apertura informativa. De cumplir con ese compromiso, el gobierno tendría
que abocarse a llevar a cabo una serie de definiciones precisas y específicas sobre temas
centrales para el desarrollo del país como son: la libertad, la discrecionalidad gubernamental
y la regulación. En concreto, esto requeriría precisiones en una diversidad de conceptos y
ámbitos: ¿qué es información?, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos, a diferencia de
súbditos?, ¿cómo informar?, ¿quién es responsable de la información?, ¿cuál es la función
de los boletines de prensa?, ¿qué información es secreta?, ¿qué criterios existen para definir
la naturaleza secreta de una determinada información?, ¿a través de qué medios y vehículos
se va a diseminar la información?
El número de preguntas que tiene que ser formulado es literalmente infinito y muy difícil de
contestar. Además, si uno sigue por este camino, muy rápido llega a otro tema escabroso, el
de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Por donde uno le busque la
complejidad es enorme y la capacidad del gobierno de llevar a cabo una apertura informativa
inmediata es claramente muy limitada. El escrutinio público es elemental, pero también lo es
el ordenamiento de la actividad gubernamental. De hecho, irónicamente, para poder llevar a
cabo una apertura informativa es indispensable que primero se lleve a cabo una reforma
interna del gobierno. Difícil sería encontrar un mejor acicate para transformar al gobierno y al
país.
El presidente Vicente Fox no la tiene fácil en este tema. Dada la coyuntura en que estamos,
producto en buena medida de las expectativas generadas por sus promesas de campaña, el
Presidente tiene que decidir si comienza el proceso de apertura, desatando con ello una
verdadera revolución interna, o si reniega de su oferta de campaña en aras de evitar el
conflicto que inevitablemente produciría una acción de semejante envergadura. En Tabasco
y en Yucatán, el gobierno ha mostrado una disposición a tomar riesgos en aras de inducir los
cambios que el país requiere y que son a todas luces inevitables. A la larga, la apertura a la
información constituiría quizá el paso más revolucionario de la administración. Su decisión
tendrá que girar entre el riesgo de abrir (así como el de no abrir) y la oportunidad que
semejante transformación entrañaría para el desarrollo del país.
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